Tomado de i-parkman.com

Físcal
Cumplimiento de obligaciones fiscales
Ene 12, 2009 - 8:00:00 PM

Autor: Pablo Ibáñez
Área: Fiscal

2009

 

I- Obligación Constitucional

La Constitución General de la República Mexicana establece normas que permiten estudiar los aspectos jurídicos o principios legales de los tributos. En ella, encontramos la obligación que hace referencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales  por parte de los contribuyentes, ya que toda actividad tributaria, ya sea por parte del estado o de los ciudadanos, aparece ahí prevista.

El artículo 31 fracción IV, de la Constitución dispone:

“Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”

Del contenido de este artículo se destacan los siguientes aspectos:

       Que es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, por lo que los tributos constituyen una obligación de derecho público.

      Que las entidades que tienen derecho a percibir tributos son: la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

       Que es necesario que los tributos se establezcan en las leyes.

       Que los tributos deben establecerse para cubrir los gastos públicos, y,

       Que los tributos deben ser proporcionales y equitativos.

De lo anterior se desprende que la obligación de cubrir los tributos por parte de los ciudadanos no constituye una obligación contractual ni regida por las leyes civiles, sino una carga establecida  por decisión unilateral del Estado, sometida exclusivamente  a las normas de derecho público. Raúl Rodriguez Lobato menciona que “el poder tributario es exclusivo del Estado y éste lo ejerce, en primer lugar, a través del Poder Legislativo, pues en observancia del principio de legalidad este Poder expide las leyes que establecen los tributos y que deben tener los elementos esenciales  de los mismos.”[i]

Si se acepta, que dentro del texto constitucional que se comenta, encontramos que los sujetos activos de los tributos son la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, aceptamos tácitamente que, como consecuencia, tienen también el derecho a exigir el pago de los tributos, de acuerdo a las leyes que se establezcan para tal efecto, con las limitantes que conforme al propio texto constitucional fueran éstas establecidas.

De lo anterior se concluye que es en primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece la obligación por parte de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones fiscales y en segundo lugar, son las leyes específicas que al efecto se emitan, las que establecen también estas obligaciones.

II- Elementos que deben influir en el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Existen dos elementos que deben incidir en el cumplimiento de las obligaciones fiscales: la educación fiscal y la conciencia fiscal.
 
   1. Educación Fiscal 

La educación es parte de la cultura de cada pueblo. En la medida de que los ciudadanos de un país puedan acceder a una mayor educación, se podrá decir que habrán adquirido el calificativo de un pueblo culto.

 La educación fiscal en nuestro país es prácticamente nula. Actualmente no se enseña en los niveles de secundaria o preparatoria, la obligación que tiene todas las personas de cumplir con sus obligaciones fiscales, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones de derecho público.

Consideramos que la educación fiscal en México debería empezar a transmitirse a nivel medio (secundaria)  y seguir en el nivel superior (preparatoria y profesional) con el propósito de que cada persona se compenetre en sus obligaciones fiscales y así crear conciencia fiscal en cada uno de los ciudadanos.

 Por lo anterior podemos afirmar que, si se hiciera de forma constante y científica una educación fiscal en nuestro país, en los términos sugeridos, tendríamos a través de algunas generaciones, una mayor educación y conciencia fiscal con los consiguientes beneficios para toda la sociedad, ya que el Estado recaudaría mayor cantidad por concepto de impuestos, se contaría con mayor número de contribuyentes cumplidos, existiría la posibilidad de disminución de las tasas de impuestos, y el ciudadano ya educado fiscalmente, podría exigir al Estado que aplicara correctamente el pago de sus impuestos, lo cual se traduciría en un país más fuerte económica y socialmente.

   2. Conciencia Fiscal

 Este concepto de conciencia fiscal nos lleva de inmediato a pensar en un gobierno entregado a la labor de educar a los ciudadanos en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en virtud de que va creando “una conciencia tributaria”. Para ello, es necesario que se den los siguientes postulados: La existencia de un gobierno preparado y responsable; una ciudadanía que vaya concientizándose a evitar la evasión fiscal y con conciencia tributaria. Sin embargo esto no es sencillo, y no lo es por la relación tributaria  que es precisamente, una relación que propicia la interacción de sus dos elementos: autoridad fiscal y contribuyente; cada uno tiene sus propios derechos y obligaciones.

La necesidad de crear conciencia fiscal está referida al ciudadano porque, por naturaleza, todos somos conscientes de nuestros derechos, al mismo tiempo de que somos propensos al olvido de nuestras obligaciones. De este modo, la disposición constitucional que establece la obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público, forma parte de un todo; nuestra Constitución  Política, cuyo objeto es normar las relaciones entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado, sin dejar de tomar en cuenta que toda regulación de relaciones en una sociedad democrática significa derechos y obligaciones para ambas partes. Por ello, de una lectura sencilla al artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, resalta que la manera de contribuir debe ser justa y equitativa, y esto significa una obligación para el Estado en su función legislativa, y se colige también que el destino de las contribuciones es el gasto público, y ésta es también una obligación del Estado en su función de gobierno, la de retribuir a los ciudadanos con las obras y servicios públicos necesarios y añadiría, de calidad.

Cabe destacar, que en el contexto específico de las facultades de las autoridades en materia tributaria, el derecho a exigir el pago de las contribuciones está regido por una serie de normas que definen y delimitan esa facultad, las garantías individuales, las cuales son evidentemente, obligaciones impuestas al Estado. En este orden de ideas, la relación tributaria es, como toda relación en una sociedad democrática, de carácter jurídico-tributaria. En la conciencia fiscal subyace siempre la conciencia cívica general, y en lo que se refiere esta última, consideramos que para todos nosotros es claro que a un cierto grado de evolución de la conciencia cívica corresponde un cierto grado de madurez de la conciencia democrática del Estado y un cierto grado de legalidad en sus actos y viceversa. Como toda relación, la acción u omisión de cualquiera de las partes se refleja en el todo.

El tema de la conciencia fiscal debe ser analizado a partir del concepto de la relación tributaria como una relación jurídica en esencia bilateral, no se trata de un tema diferente al de la conciencia cívica general.


   3. Análisis del Problema

 A continuación haremos un análisis de las razones que consideramos más significativas del comportamiento de las dos partes de la relación tributaria.


A)   El Lado del Ciudadano o del Contribuyente

 La natural inclinación al olvido o indiferencia ante el cumplimiento de las propias obligaciones se presenta siempre en una serie de mecanismos de racionalización justificantes de la falta, a menos que nos encontremos frente a una sociedad cínica. A continuación enunciaremos las justificaciones más frecuentes escuchadas:

        Desconfianza en la transparencia del manejo de los fondos públicos.

        Inconformidad en el destino de los recursos del erario.

 •       Complejidad de los ordenamientos tributarios.

        Volubilidad en los principios de la norma; cambios constantes en “las reglas del juego”.

        Incosteabilidad de los controles administrativos necesarios para el pago correcto de los impuestos.

       Situaciones e inequidad tales como: el número de contribuyentes en el padrón fiscal, la existencia de sujetos, tipo de ingresos o ramas de actividades privilegiados; ausencia de un reconocimiento de los gastos personales y familiares indispensables. En nuestra opinión, situaciones como las que se describieron con antelación, han creado en nuestro país desde hace décadas, una muy importante economía informal que en un país del nivel productivo del nuestro no puede darse el lujo de mantener.

La voz popular en su intento de autojustificación  habla de: desconfianza, disidencia, oscuridad legislativa, inconsistencia filosófica, sofisticación tecnocrática, injusticia, inequidad.

Es importante destacar, que si bien los razonamientos anteriores no carecen de una realidad justificativa, también es cierto que, es la respuesta golpeadora del incumplimiento consciente, es decir: la evasión. Concluyo, que los mecanismos racionalizantes de defensa no son sino instrumentos de evasión de la realidad. Si en verdad existe un descontento con nuestra realidad, en este caso la forma y el fondo de la acción fiscal de Estado,  un descontento originado en el deseo de transformación y no de evasión de esa realidad, entonces la respuesta debería ser una acción real, no una reacción paralizante; en este caso una acción valiente e institucional a través de los amplísimos medios de defensa. Es por esto que consideramos que toda supuesta  inconformidad que responde  con la inacción, en ese caso la evasión fiscal, no es en el fondo tal inconformidad, sino sólo la justificación de una conducta previamente decidida;  esto, y no otra cosa, es la falta de conciencia, y no sólo de conciencia fiscal sino, en general, de conciencia cívica.

B)   El Lado del Estado

Los aspectos de desconfianza, de falta de claridad y permanencia en la legislación tributaria, propician las reacciones antes mencionadas, analicemos ahora el origen de la falta de conciencia.

a)    Desconfianza

Por experiencia sabemos, que en nuestro país suelen manejarse categorías en el plano político con tal uso y abuso que a la postre pierden por completo su significado y terminan por aplicarse a todo y en cualquier circunstancia, esto es lo que ha propiciado la “desconfianza”, y no solamente por parte del ciudadano, sino también desconfía la autoridad. Esta desconfianza mutua esta viviendo un alarmante incremento en nuestros días, es el germen de las consecuencias de inseguridad en todos los sucesos de la vida cotidiana que estamos sufriendo en el país., incluyendo en gran medida en la vida tributaria. Se ha llegado al absurdo de que todo contribuyente por serlo es evasor, y que toda autoridad tributaria es opresora y terrorista. Esta relación de desconfianza es el primer signo de una sociedad “democrática” en decadencia o que no ha logrado una adecuada armonía, que exige la democracia.

 b)     Falta de claridad y permanencia en la legislación tributaria

La oscuridad en las normas fiscales es un elemento que va en contra de los principios fundamentales de toda ley: claridad y sencillez, y es así porque las leyes van dirigidas al público en general, y su objeto es el de ser cumplidas. La experiencia enseña que una norma confusa o, de plano, ininteligible es una invitación al incumplimiento. A ese respecto, debemos referirnos básicamente a nuestras leyes fiscales y en particular a la que acaba de entrar en vigor, la Ley  del Impuesto Empresarial a tasa Única (IETU), sin hacer del lado la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR),las cuales contienen disposiciones de suma complejidad o francamente ininteligibles, como es el régimen e dividendos: CUCA, CUFIN etc., de consolidación fiscal, el cual, a pesar de que por su naturaleza es aplicable a contribuyentes con un cierto grado de sofisticación administrativa, contiene una serie de puntos oscuros aun para administraciones de ese nivel. 

 c)    Causas que influyen en la oscuridad de las normas

Algunos de los factores que influyen en la oscuridad de las disposiciones fiscales que componen las leyes del IETU y  del ISR, son los siguientes:

       Un exagerado celo por evitar posibles violaciones a la norma mediante el uso de un lenguaje nada fácil de entender. Si el legislador usara un lenguaje claro y la redacción de la norma lograra transmitir ese propósito en la forma más sencilla, queda para la autoridad fiscalizadora y para los tribunales evitar las transgresiones. Si a esto se añade que en la actualidad las exposiciones de motivos de las iniciativas de las leyes fiscales se han convertido en una mera glosa de la reformas propuestas, se puede ver claramente de qué manera el texto  se ve superado por contexto, más aun ahora que se debe conocer cual es el fin extrafiscal de las normas, a lo que conlleva a tener un conocimiento mayor de la política social y económica del país, por lo que cada día se va viendo superado el lenguaje y la sintaxis por la intención del legislador. En otras palabras, la interpretación de las normas fiscales ha dejado de tener su base fundamental en la literalidad, a que aludían las viejas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la propia Corte ha introducido elementos novedosos como son, los aspectos teleológicos, y la armonía con otras normas fiscales.

        Una sofisticación que en muchos casos no toma en cuenta nuestra realidad como país con grandes carencias y un importante grado de subdesarrollo en las prácticas administrativas; es decir, la tecnocracia .En este punto es muy importante la inequidad que subyace en una legislación que parecen dirigidas a contribuyentes altamente tecnificados; es cierto que nuestro país, de cierto modo importante existe un número de contribuyentes con estas características, pero es más cierto que la mayoría está del lado del tributante pequeño y poco eficiente en el aspecto administrativo. Al gran contribuyente, se le esta dejando la carga tributaria de este país.

       Por esta gran sofisticación del régimen tributario mexicano, se ha presentado una serie de efectos que se traducen en un aparato burocrático ineficiente y excesivamente caro para la administración de los recursos tributarios. Se ha buscado un cambio diametral en la simplificación de la fiscalización de los tributos y en una manera más sencilla en el cobro de los mismos, a través de la disminución  de los impuestos directos y el incremento de los impuestos indirectos, sin que a la fecha los grupos parlamentarios hayan podido llegar a acuerdos, por las políticas populistas que están en pugna.

El asunto de la inconsistencia legislativa es, evidente un asunto más que nada político. El constante cambio de las “reglas del juego”, que parece un deporte nacional, es algo que no debe ser simplistamente acechado a una actitud veleidosa de nuestras autoridades, sino también, al rumbo de la economía mundial, a las fuerzas de los factores internacionales que van influyendo en la determinación de figuras jurídicas que por virtud de nuestro sistema jurídico actual, no es posible importar o más bien, implantar en México. En suma, estamos frente a una falta autentica de planeación, aun y cuando existen diversos planes nacionales de crecimiento y desarrollo, pero los mismos no se adecuan a la realidad fiscal mexicana.

 El problema de la conciencia fiscal del contribuyente no se circunscribe al problema de educar a un pueblo no preparado. Consideramos que el nivel político, cívico y de educación actual no permiten planteamientos superados hace mucho en un país de instituciones como es el nuestro. Al Gobierno le corresponde la transparencia del manejo del gasto público, la democratización en la toma de decisiones, la claridad y sencillez legislativa, en suma la confianza en los ciudadanos. A los ciudadanos nos corresponde el cumplimiento de nuestras obligaciones y la seriedad y valentía en la exigencia de nuestros derechos. 

Consideramos que la fuerza pública está de ambos lados, de uno como institución, del otro como fundamento. La fuerza pública tiene fuerza moral en la medida en que cumple íntegramente con las obligaciones establecidas en las leyes que todos hemos aceptado, pensamos que más que la creación de una conciencia hace falta un examen de conciencia que nos permita a Gobierno y ciudadanos convivir en una sana y justa relación tributaria.

 III.           Planeación Fiscal

Actualmente se estima por reminiscencias del pasado que llevar a cabo una planeación es sinónimo de incumplir con las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, al grado de que esta proscrito hablar de planeación fiscal por ser considerada ésta como un mecanismo para evadir impuestos.

Diversos autores señalan que en cualquier actividad que se lleva a cabo es necesario planear con el objeto de actuar de la mejor manera posible. Así, en la administración moderna es sumamente importante planificar para tener la seguridad de que las operaciones se van a efectuar de acuerdo con lo que previamente se ha estudiado.

En términos generales, debemos entender que planeación fiscal es el estudio previo de determinados hechos, encuadrándolos dentro de las disposiciones fiscales vigentes, con el fin de lograr las máximas ventajas posibles en materia fiscal.

Derivado de lo anterior, encontramos los principales fundamentos de la planeación fiscal en los siguientes puntos:

En primer término, el estudio previo de determinados hechos significa que, antes de la realización de las operaciones, debe estudiarse a fondo cual es la mejor manera de efectuar la operación, considerando todas las alternativas posibles que de ella deriven.

En segundo lugar, encuadrar los hechos dentro de las disposiciones fiscales  vigentes, para que todo el desarrollo de la planeación se haga cumpliendo con todos los preceptos legales que forman el marco jurídico de la persona, sea esta física o moral.

Por último, al señalarse que el fin es lograr las máximas ventajas posibles en materia fiscal, se refiere a que se tenderá a obtener el menor sacrificio para el contribuyente, con el consiguiente beneficio de contar con mayor flujo  de efectivo para funcionar más eficientemente.


La base de una planeación fiscal se sustenta en el hecho de que el contribuyente debe cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, es decir, cubrir totalmente los impuestos correspondientes. Jorge Sainz mencionaba, “No pagar un peso más ni pagar un peso menos”, aprovechando todas las ventajas que las propias leyes proporcionan.

Las principales ventajas de una adecuada planeación fiscal pueden resumirse en las siguientes:

Ahorro de impuestos por la adopción de procedimientos que se señalan en la propia ley o tratamientos preferenciales que se establecen en la misma.

Diferimiento en el pago de los impuestos, lo cual produce un incremento en el efectivo de la empresa, constituyéndose en un verdadero financiamiento para la misma.

Evitar sanciones o recargos, al cumplir adecuadamente con las disposiciones fiscales.

Evitar que sobre los gastos reales de la empresa se tenga que pagar un impuesto al considerarlo como gasto no deducible.

Lograr una empresa fiscalmente sana, que asegura los intereses tanto de sus accionistas como de terceros y evite riesgos innecesarios en el aspecto fiscal.

Siempre ha tenido gran importancia la planeación fiscal; sin embargo, en las condiciones del actual entorno económico, se hace indispensable, ya que en muchas ocasiones las empresas al tomar ciertas decisiones o al elegir determinados procedimientos, éstos se considerarán definitivos y, en consecuencia, si dicho régimen no es el más adecuado puede ocasionar graves problemas para la empresa.

Es necesario tomar en cuenta la dinámica tan grande que tienen las disposiciones fiscales, razón por la cual la planeación fiscal tiene que hacerse a corto plazo.

Es más, se puede afirmar que el administrador que actúa tímida y se preocupa únicamente por cumplir con las disposiciones fiscales con objeto de evitar riesgos, está perjudicando enormemente a su empresa, ya que no aprovecha los beneficios que están conferidos en las propias leyes fiscales.

A)   Metodología

Para llevar a cabo una adecuada planeación fiscal, es necesaria tener una metodología eficiente, para ello, me permito mencionar las diferentes etapas:

a)    Definir e identificar el problema

Esta etapa significa el entendimiento claro y concreto del problema, con objeto de obtener el mejor resultado fiscal.

b)    Determinación de alternativas

Este procedimiento consiste en la selección de alternativas que permitan, en primer lugar, tener la certeza razonable de que se están cumpliendo con los ordenamientos legales y, en segundo lugar, que se está aprovechando al máximo la aplicación de disposiciones que permitan tanto utilizar las deducciones señaladas en la ley, como el aprovechamiento óptimo de incentivos, exenciones, subsidios, etc.

c)    Cuantificación de cada alternativa

Las alternativas determinadas deben cuantificarse para conocer el monto del ahorro que produce cada una de ellas.

d)    Análisis de viabilidad de las alternativas

Las alternativas deben analizarse conjuntamente con todos los demás aspectos de la empresa, ya que en ocasiones las opciones más deseables en cuanto a su monto no pueden elegirse por las dificultades que se presentan en otros aspectos como las comerciales, laborales, de operación, etc.

e)    Toma de decisiones

Una vez que han sido analizados, cuantificados y confrontados los problemas de viabilidad, estaremos en condiciones de concluir cuál es la alternativa más adecuada.

IV. CONCLUSIONES

Existe la obligación constitucional de pagar las contribuciones que establezcan las leyes, pero estas deben ser proporcionales y equitativas, y tanto el contribuyente como la autoridad deben cumplir con sus respectivas obligaciones y generar una conciencia de la importancia de pagar las mismas, por el bien común.

El ideal de la relación fisco-contribuyente es que exista confianza mutua, para ello, se debe lograr que las disposiciones fiscales sean claras y permanentes, sin que exista una complejidad o falta de definición para lograr su correcta o justa interpretación y aplicación.

Debe existir un compromiso firme del Estado para lograr una conciencia social sobre el deber del ciudadano de cumplir con el pago de contribuciones y de la autoridad, hacer un buen manejo de los recursos que obtiene a través de la recaudación tributaria.

El contribuyente, dentro del marco de sus garantías individuales, puede optar por utilizar las diferentes formas jurídicas que existen en nuestras leyes, a fin de disminuir el impacto impositivo. Por su parte, las autoridades deben respetar ese marco constitucional.

Por último, el contribuyente debe evitar el incurrir en conductas ilícitas para dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues de otra forma el Estado hará uso de sus facultades para lograr el cumplimiento forzado de las mismas, cobrar indemnizaciones y, en última instancia, imponer sanciones ejemplarizantes, tanto pecuniarias como corporales, para alcanzar la función social inherente a las contribuciones.

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